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El 7 de noviembre de 1936 comenzaron las grandes matanzas de prisioneros extraídos de las cárceles de Madrid. Expediciones presentadas como evacuaciones o puestas en libertad terminaron ante las fosas de Paracuellos del Jarama; durante las semanas posteriores, las ejecuciones alcanzaron también el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. La investigación histórica permite identificar a numerosas víctimas —entre ellas sacerdotes y religiosos—, reconstruir las operaciones y reconocer la adscripción política de quienes participaron en su organización: militantes comunistas, anarquistas de la CNT-FAI y miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, procedentes del socialismo revolucionario y de su convergencia con el comunismo. Julius Ruiz atribuye además respaldo a responsables del Gobierno republicano. El carácter político y organizado de las matanzas está documentado; la intervención personal de cada dirigente debe establecerse según los actos y pruebas que le correspondan. [1][4][15]
Paracuellos, 1936: noventa años de las ejecuciones de prisioneros y del asesinato de religiosos —por Biblia y Tradición
Las primeras sacas, las víctimas religiosas y la responsabilidad política de comunistas, socialistas revolucionarios y anarquistas
Contenido del artículo ➕📄
- I. De las galerías de Madrid a las fosas de Paracuellos
- II. 6 y 7 de noviembre: el poder en Madrid y sus filiaciones políticas
- III. Las víctimas religiosas: una identificación con nombres y fechas
- IV. Las matanzas continúan: noviembre, diciembre y quienes intentaron detenerlas
- V. De las órdenes a las responsabilidades: organizadores, dirigentes y ministros
- VI. Pío XI ante la persecución: la enseñanza de Divini Redemptoris
- VII. Noventa años después: los nombres, los hechos y las responsabilidades
I. De las galerías de Madrid a las fosas de Paracuellos
Antes de los fusilamientos hubo listas de nombres. El 7 de noviembre de 1936, en distintas cárceles de Madrid se llamó a prisioneros que debían abandonar sus celdas y subir a vehículos dispuestos para su traslado. Algunos llegaron a otros establecimientos penitenciarios; otros fueron conducidos a las inmediaciones de Paracuellos del Jarama, donde fueron ejecutados y enterrados. Había entre ellos militares, civiles de diversas profesiones, personas consideradas adversarias políticas, sacerdotes y religiosos. Lo que comenzó aquella jornada continuó, con nuevas expediciones, hasta los primeros días de diciembre. [1][4]
La ciudad ya conocía la violencia revolucionaria. Desde julio se habían sucedido detenciones arbitrarias, asesinatos y actuaciones represivas de organismos policiales y parapoliciales. Paracuellos presentó, sin embargo, una característica precisa: la extracción reiterada de personas sometidas a custodia penitenciaria y su conducción, mediante traslados organizados, a lugares de ejecución colectiva. De ahí la importancia de emplear correctamente la palabra «saca». Una saca es la extracción de presos de una cárcel; no todas acabaron en asesinato. Las que terminaron en Paracuellos y Torrejón formaron parte de un procedimiento homicida cuya organización ha podido reconstruirse. [4, pp. 145-147]
El procedimiento requería seleccionar detenidos, disponer de sus datos, preparar relaciones nominales, emitir órdenes de salida, reunir autobuses y camiones, proporcionar escoltas y atravesar controles. A continuación intervenían quienes recibían a los prisioneros y los ejecutaban. Ninguna de estas tareas explica aisladamente las matanzas; su conexión y su repetición durante varias semanas acreditan una operación coordinada. Esa conclusión puede afirmarse sin confundirla con otra pregunta histórica: quién decidió personalmente cada traslado mortal y qué autoridad conocía su verdadero destino. [1][4]
El número total de víctimas no está fijado de manera uniforme por los investigadores. Julius Ruiz sitúa alrededor de 2.500 los prisioneros asesinados en Paracuellos y Torrejón durante noviembre y diciembre de 1936; Paul Preston habla de al menos esa magnitud en el resumen de su investigación. Con motivo del aniversario de 2026, José Manuel de Ezpeleta y otros autores han defendido cifras nominales o estimaciones superiores. Para confrontarlas es necesario comprobar los nombres, fechas, lugares y criterios de inclusión de cada recuento: una lista de personas extraídas de una prisión no equivale, por sí misma, a un registro de ejecutados. La disparidad entre cálculos no afecta al hecho de que las matanzas alcanzaron a millares de personas bajo custodia. [1][2][3][4, pp. 125-126]
II. 6 y 7 de noviembre: el poder en Madrid y sus filiaciones políticas
La víspera de las primeras matanzas, el 6 de noviembre, el Gobierno presidido por el socialista Francisco Largo Caballero decidió trasladarse a Valencia ante el avance de las fuerzas sublevadas. La defensa de Madrid quedó a cargo del general José Miaja y de una Junta integrada por representantes de diversas fuerzas republicanas. En esa reorganización, el Partido Comunista de España (PCE) obtuvo posiciones importantes en el ámbito de la defensa y la seguridad, como destaca Preston. La Consejería de Orden Público recayó en Santiago Carrillo; José Cazorla Maure fue uno de sus colaboradores principales y Segundo Serrano Poncela asumió cometidos relevantes en el nuevo aparato de seguridad. [4, pp. 125, 132-135]
La adscripción de estos dirigentes forma parte de la explicación de los hechos. Carrillo procedía de las Juventudes Socialistas y dirigía las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), formadas por la unión de las organizaciones juveniles socialista y comunista. El Congreso de los Diputados y la Fundación Pablo Iglesias sitúan su ingreso formal en el PCE en noviembre de 1936, sin señalar en esas fichas un día preciso. Durante las primeras sacas era, de forma inequívoca, dirigente de las JSU y titular de Orden Público; su posterior secretaría general del PCE no debe confundirse con el cargo que ocupaba entonces. [16][17]
Cazorla Maure y Serrano Poncela procedían también de la dirección de las JSU. Su integración en el dispositivo de seguridad significa que una parte importante de sus órganos estuvo dirigida por cuadros de origen socialista juvenil, vinculados a la unificación marxista y comunista. Sandra Souto Kustrín, al estudiar la trayectoria de Carrillo, distingue la intervención anarquista y comunista en las matanzas y la complicidad o el silencio de integrantes de la Consejería de Orden Público, entre ellos antiguos dirigentes juveniles socialistas, con atención a Serrano Poncela. Esa atribución corresponde a su investigación histórica. [19, p. 8]
A la nueva estructura llegaron asimismo militantes de organizaciones que ya actuaban en la represión madrileña. El Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), establecido en agosto, había reunido a representantes revolucionarios y participado en detenciones y actuaciones contra personas consideradas desafectas. Preston identifica entre quienes intervinieron en el Consejo de Orden Público a Manuel Rascón Ramírez, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); Manuel Ramos Martínez, de la Federación Anarquista Ibérica (FAI); Arturo García de la Rosa, de las JSU; y Ramón Torrecilla Guijarro, comunista. No son afiliaciones decorativas: permiten reconocer el componente anarcosindicalista y anarquista, el socialista juvenil unificado y el comunista de un mismo entramado represivo. Las funciones concretas de cada participante se determinan por la documentación sobre su actuación. [4, pp. 148, 150-152][19, p. 8]
Las primeras expediciones salieron de cárceles como San Antón, la Modelo, Porlier y Ventas. Preston calcula que el 7 de noviembre fueron extraídas de esos establecimientos entre 1.425 y 1.545 personas. Se trata del número estimado de salidas penitenciarias, no de fusilados: algunas expediciones llegaron a centros de reclusión, mientras que otras terminaron en Paracuellos. Los grupos ejecutados aquel día procedían, según su reconstrucción, de San Antón y de la Modelo; el día 8 continuaron las matanzas y se extendieron hacia Torrejón. [4, pp. 145-147]
El recorrido de los presos muestra cómo se conectaban la administración y la violencia. En la Modelo se pronunciaban los nombres extraídos de fichas y registros; los seleccionados abandonaban sus celdas, eran agrupados y salían bajo custodia. Algunas expediciones emplearon autobuses de dos pisos, camiones y vehículos armados de escolta; algunos prisioneros fueron despojados de sus pertenencias. En las expediciones mortales, la apariencia de un traslado legal proporcionó la vía material por la que detenidos indefensos quedaron a disposición de los grupos ejecutores. [4, pp. 145-148]
III. Las víctimas religiosas: una identificación con nombres y fechas
Entre los asesinados hubo sacerdotes, hermanos y jóvenes religiosos cuyas biografías permiten sustituir las referencias genéricas a «víctimas eclesiásticas» por identidades y destinos concretos. Las órdenes religiosas y los expedientes eclesiásticos documentan varios casos del 7 de noviembre y de las jornadas posteriores. La relación siguiente no constituye un censo completo; distingue los lugares de ejecución y conserva los intervalos de fecha cuando así aparecen en las fuentes.
Los cinco dominicos del 7 de noviembre
La Orden de Predicadores registra como asesinados el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos a Alfredo Fanjul Acebal, Isabelino Carmona Fernández, Vicente Rodríguez Fernández, Juan Mendibelzúa Ocerín y José Delgado Pérez. Sus biografías institucionales reconstruyen la vida religiosa y el cautiverio de cada uno; los cinco figuran entre los mártires beatificados en 2007. [6]
Alfredo Fanjul Acebal, nacido en Oviedo en 1867, era prior del convento madrileño del Olivar cuando fue asaltado en julio de 1936. Tras su detención ingresó en la cárcel Modelo y, según la semblanza dominicana, allí siguió asistiendo espiritualmente a otros prisioneros. Isabelino Carmona Fernández, nacido en 1908 y ordenado sacerdote en 1932, pertenecía al convento de Atocha; también estuvo encarcelado en la Modelo. Ambos fueron incluidos entre los ejecutados de la primera jornada. [6]
Vicente Rodríguez Fernández, nacido en Asturias en 1897, había desempeñado su ministerio en México y padecido las consecuencias de la persecución religiosa de aquel país; después trabajó apostólicamente en Estados Unidos y regresó a España. Fue detenido en Madrid en octubre de 1936. Juan Mendibelzúa Ocerín, nacido en Bilbao en 1878, había profesado en la Orden en 1894 y recibido el sacerdocio en 1902. Tras el asalto al convento del Olivar permaneció oculto hasta su detención. Ambos compartieron cautiverio y murieron el 7 de noviembre. [6]
José Delgado Pérez, el quinto dominico, tenía diecinueve años. Había comenzado el noviciado en Almagro en septiembre de 1935 y se encontraba en Madrid después de la dispersión de su comunidad. Su biografía sitúa su ejecución en la misma expedición que la de Fanjul, Carmona, Rodríguez y Mendibelzúa. En su caso, la matanza alcanzó a un joven que todavía no había concluido su formación religiosa. [6]
Los vicencianos Victoriano Reguero y Gil Belascoaín
Victoriano Reguero Velasco, sacerdote de la Congregación de la Misión nacido en Valladolid en 1902, fue detenido en Madrid en octubre de 1936 y encarcelado en la Modelo. Había ejercido tareas docentes y ministeriales. La biografía de su congregación relata el cautiverio y sitúa su asesinato en Paracuellos el 7 de noviembre. [7]
El hermano Gil Belascoaín Ilarragorri nació en Legarda, Navarra, el 1 de septiembre de 1883, y pertenecía asimismo a la Congregación de la Misión. Su identidad completa y su martirio en Paracuellos el 7 de noviembre están registrados en el Boletín Oficial de las Diócesis de Pamplona y Tudela de noviembre de 2017, página impresa 536. La localización permite conservar con precisión la grafía de su apellido. [8]
Los oblatos: una misma jornada, dos lugares de muerte
La comunidad de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de Pozuelo de Alarcón perdió el 7 de noviembre a José Vega Riaño y Serviliano Riaño Herrero. José Vega, sacerdote y formador, fue ejecutado en Paracuellos del Jarama. Serviliano, clérigo profeso, murió ese día en el Soto de Aldovea, término municipal de Torrejón de Ardoz. La historia local de Pozuelo y las relaciones martiriales distinguen ambas localizaciones: la coincidencia cronológica no debe borrar la diferencia geográfica. [9]
El 28 de noviembre fueron asesinados otros trece miembros de la misma comunidad, entre ellos el superior provincial Francisco Esteban Lacal y el superior local Vicente Blanco Guadilla. Sus muertes pertenecen a las sacas posteriores. La distinción permite comprender la prolongación de la persecución sin incorporar indebidamente al 7 de noviembre víctimas de otra jornada. [9]
El jerónimo Manuel de la Sagrada Familia y el salesiano Manuel Martín Pérez
Manuel de la Sagrada Familia —Manuel Sanz Domínguez— había impulsado la restauración de la Orden de San Jerónimo en el monasterio segoviano de Santa María del Parral. Javier Onrubia Rebuelta sitúa su muerte el 7 de noviembre; David Rodríguez Luna la fecha entre el 6 y el 8. Ambas referencias lo incluyen entre las víctimas de las primeras matanzas, aunque no permiten fijar uniformemente un día único. [10]
El salesiano Manuel Martín Pérez, nacido en Encinasola de los Comendadores en 1904, era religioso profeso y se preparaba para el sacerdocio. Detenido en octubre, fue asesinado en Paracuellos, según la documentación biográfica de la diócesis de Alcalá, entre el 6 y el 8 de noviembre de 1936. Su nombre se incorpora con el intervalo que consta en la fuente. [11]
IV. Las matanzas continúan: noviembre, diciembre y quienes intentaron detenerlas
Las ejecuciones colectivas no se agotaron con las primeras expediciones. Preston documenta nuevas sacas el 18 de noviembre, entre los días 24 y 30 y a comienzos de diciembre. Se siguieron extrayendo presos de la Modelo, San Antón, Porlier y Ventas. Mientras las operaciones continuaban, ya funcionaban la Junta de Defensa y los organismos de seguridad surgidos de su reorganización: el curso de los acontecimientos no puede explicarse exclusivamente por las primeras horas de la emergencia militar. [4, pp. 147-148]
La continuidad de las matanzas permite apreciar también la importancia de quienes se enfrentaron a ellas. Melchor Rodríguez García, militante anarquista, empezó a ejercer de hecho tareas de inspección penitenciaria el 9 de noviembre, antes de formalizarse su nombramiento. Al conocer una extracción proyectada en la Modelo, intervino para impedir la salida nocturna de presos y someter los traslados a control. Preston relaciona esa actuación con la interrupción de las sacas entre el 10 y el 17 de noviembre. Las diferencias con otras autoridades culminaron en una reunión conflictiva con Juan García Oliver, el 13 de noviembre, y en una renuncia temporal; posteriormente, las ejecuciones se reanudaron. [4, pp. 155-156]
Rodríguez recuperó atribuciones a comienzos de diciembre y procuró asegurar las prisiones, apartar de ellas a los milicianos y establecer una custodia efectiva. Las grandes matanzas cesaron durante los primeros días de ese mes. Su actuación no cambia la naturaleza ni los responsables de los asesinatos: aporta un contraste documental entre la conducta de quienes intervinieron para impedirlos y la de quienes, según las investigaciones, facilitaron su continuación. [4, pp. 157-158]
V. De las órdenes a las responsabilidades: organizadores, dirigentes y ministros
La cuestión de las responsabilidades no empieza con una suposición acerca de una orden secreta. Empieza con hechos observables en la documentación: hubo presos seleccionados, órdenes de extracción, transportes organizados, escoltas y ejecuciones. Para identificar a los responsables hay que recorrer esa secuencia y precisar quién actuó en cada tramo. La responsabilidad material de un ejecutor, la participación operativa de un funcionario, el apoyo político de un dirigente y la autoría de una orden concreta son situaciones diferentes; todas pueden ser objeto de investigación sin borrar las filiaciones de quienes intervinieron.
Las órdenes de extracción y los documentos de la Causa General
Preston señala que hasta el 22 de noviembre de 1936 las órdenes de evacuación llevaban la firma de Vicente Girauta Linares, segundo responsable de la Dirección General de Seguridad. Desde entonces aparecen las de Segundo Serrano Poncela o Bruno Carreras Villanueva. Describe, además, dos documentos publicados en la Causa General de 1945: uno del 26 de noviembre, referido a veintiséis presos, y otro del 27, con ciento seis nombres. Formalmente ordenaban poner detenidos en libertad; los nombres fueron relacionados con ejecuciones posteriores. [4, p. 148]
El valor probatorio de esas órdenes radica en su contraste con las listas, las declaraciones y el destino de los prisioneros. El lenguaje administrativo podía encubrir una extracción mortal. La convergencia entre órdenes de salida, testimonios y registros de ejecuciones permite reconstruir el mecanismo; para atribuir una decisión personal determinada es necesario completar la cadena con la prueba correspondiente.
El acuerdo político: el CPIP y el acta de la CNT-FAI
Julius Ruiz sostiene que los dirigentes del CPIP organizaron las matanzas y que militantes anarquistas, comunistas y socialistas coincidieron en la eliminación de los prisioneros considerados integrantes de la «quinta columna». Su libro La guerra sucia: La República contra la quinta columna (2024) destaca las actas de una reunión del comité de la CNT-FAI del 8 de noviembre, en las que se consignó un acuerdo con la Consejería de Orden Público dirigida por Carrillo para organizar las sacas «cubriendo la responsabilidad». La expresión señala, según la interpretación de Ruiz, la voluntad de ocultar la intervención de los responsables. [15, cap. 1, «Paracuellos»]
La relevancia de esta reconstrucción es doble. Primero, atribuye un papel organizativo principal a un organismo político-represivo integrado por varias corrientes revolucionarias. Segundo, relaciona la logística de las extracciones con la Consejería de Orden Público. La referencia al acta no identifica nominalmente a todos los interlocutores presentes en cada reunión; por ello, el acuerdo documentado a través de Ruiz no debe convertirse sin otra prueba en una lista individual de asistentes. La adscripción política de las estructuras y la organización de las sacas, en cambio, forman parte explícita de la tesis del historiador. [15]
Carrillo, Serrano Poncela y Cazorla
Durante las matanzas, Carrillo ejercía la Consejería de Orden Público y dirigía las JSU; su incorporación formal al PCE ocurrió en noviembre de 1936, según las biografías oficiales consultadas. Cazorla y Serrano Poncela procedían igualmente de las JSU y actuaban en el aparato de seguridad. Esas posiciones institucionales e ideológicas están documentadas. La investigación de Ruiz de 2016 concluye que el CPIP aportó a los ejecutores principales y que las operaciones contaron con el respaldo de Carrillo y del Gobierno republicano. Además, rechaza que el papel principal de dirección correspondiera a la policía secreta soviética. [1][16][17][19]
Preston reconstruye las relaciones entre Carrillo, Serrano Poncela y los servicios que seleccionaban y trasladaban presos. En su examen de la responsabilidad de Carrillo señala elementos de implicación y contradicciones en las explicaciones posteriores del consejero; concede, sin embargo, más importancia al factor soviético. Jorge M. Reverte, por su parte, atribuyó en 2006 la inducción a agentes soviéticos y la ejecución a grupos españoles comunistas y anarquistas. La divergencia entre estas interpretaciones se refiere al origen de determinadas decisiones y a la intervención exterior; no vuelve desconocida la composición política de las estructuras que realizaron las sacas. [4, pp. 163-165][5]
Los ministros del Gobierno de Largo Caballero
El signo político de las responsabilidades no termina en la Consejería de Orden Público. El Gobierno presidido por Largo Caballero reunía ministros socialistas, comunistas, anarcosindicalistas y republicanos. El telegrama que el diplomático estadounidense Wendelin remitió el 5 de noviembre de 1936 identificaba a Ángel Galarza Gago, titular de Gobernación, entre los ministros socialistas, y a Juan García Oliver, titular de Justicia, entre los representantes de la CNT. El documento acredita la composición política contemporánea del gabinete; por su fecha, no es una prueba directa sobre las sacas iniciadas dos días después. [18][17]
Ruiz distingue explícitamente en La guerra sucia las actuaciones de José Giral y Manuel de Irujo, que intentaron detener los asesinatos, de las de Galarza y García Oliver, a quienes atribuye haber amparado y alentado a los autores materiales. Su interpretación señala así respaldo gubernamental desde un ministro socialista y otro anarcosindicalista. Ruiz no sostiene haber demostrado que Largo Caballero impartiera desde Valencia una orden personal para ejecutar a los presos; distingue esa cuestión del conocimiento de los asesinatos por miembros del Gobierno. Esa delimitación pertenece al contenido de su investigación y no modifica la gravedad de las actuaciones que atribuye a los ministros citados. [15, cap. 1, «Paracuellos»]
Las noticias llegaron al Gobierno
La información sobre los asesinatos alcanzó pronto a representantes diplomáticos y a miembros del Gobierno. Félix Schlayer, diplomático alemán que desempeñaba funciones en la representación de Noruega, publicó en 1938 su testimonio sobre la represión madrileña y las gestiones realizadas en relación con los presos. [13]
Existe, además, una comunicación de especial importancia reproducida por Preston. El 10 de noviembre de 1936, el ministro sin cartera Manuel de Irujo, que había recibido información de Jesús de Galíndez, escribió a la oficina del general Miaja para pedir aclaraciones sobre detenidos fusilados después de su extracción de las prisiones mediante órdenes de traslado de la Dirección General de Seguridad. Solicitó conocer el número de víctimas, su procedencia penitenciaria, quién había autorizado las salidas y las medidas adoptadas. La comunicación, localizada en la página 156 del artículo de Preston, demuestra que tres días después del comienzo de las grandes sacas un miembro del Gobierno había sido informado de ellas. Desde la oficina de Miaja se respondió que se desconocían los hechos; al día siguiente Irujo y José Giral pidieron explicaciones a Galarza. [4, pp. 156-157]
Las actas de la Junta Delegada de Defensa de Madrid de noviembre y diciembre de 1936 están identificadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS-MADRID,2383,2. Esa localización permite orientar la investigación institucional, pero la ficha de catálogo no sustituye el examen de sus acuerdos concretos. De igual forma, las declaraciones de la Causa General —entre ellas la de Ramón Torrecilla Guijarro— se utilizan aquí por medio de la transcripción y las referencias de Preston, sin atribuirles el carácter de originales inspeccionados personalmente. [4][12]
De estas pruebas emerge un cuadro político e institucional preciso. Los organizadores y ejecutores identificados por las investigaciones procedían principalmente de estructuras en las que actuaban comunistas, anarquistas y dirigentes socialistas revolucionarios vinculados a las JSU. Ruiz atribuye respaldo a Carrillo y al Gobierno y señala específicamente las actuaciones de Galarza y García Oliver; Preston examina la intervención de Carrillo y Serrano Poncela con una interpretación distinta sobre la influencia soviética. Queda abierta la atribución de determinadas órdenes individuales, no el carácter organizado de las matanzas ni las filiaciones políticas de quienes participaron en sus mecanismos. [1][4][15][19]
VI. Pío XI ante la persecución: la enseñanza de Divini Redemptoris
El 19 de marzo de 1937, cuando todavía era reciente el recuerdo de las matanzas, Pío XI promulgó la encíclica Divini Redemptoris, sobre el comunismo ateo. El documento no investiga quién ordenó las sacas de Paracuellos. Su objeto es doctrinal: exponer los principios del comunismo bolchevique y denunciar las persecuciones desencadenadas contra la Iglesia. Esa enseñanza permite comprender el juicio católico sobre la violencia ideológica sin sustituir las pruebas históricas necesarias para atribuir homicidios concretos. [14]
En el número 19, el pontífice describe las persecuciones religiosas en Rusia y México; en el número 20 denuncia la destrucción de iglesias y conventos y el asesinato de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares en España. En el número 21 rechaza interpretar esas atrocidades como meros excesos pasajeros de una guerra o de una revolución y las vincula con los principios del sistema que condena. Se trata de un juicio magisterial sobre la persecución y su fundamento doctrinal, no de una identificación judicial de todos los responsables españoles. [14, nn. 19-21]
La condena aparece formulada sin ambigüedad en el número 60: «El comunismo es intrínsecamente malo». La frase reproduce literalmente el texto español publicado por la Santa Sede y se refiere al comunismo ateo examinado en la encíclica. El juicio doctrinal sobre el sistema es distinto de la atribución de delitos particulares a individuos determinados; la filiación de cada dirigente y la conducta que se le imputa deben establecerse con sus respectivas pruebas. [14, n.º 60]
En el número 27, Pío XI recuerda que la persona tiene derecho a la vida y a la integridad corporal. Ese principio permite formular el juicio moral sobre Paracuellos con independencia de la militancia de cada víctima: ningún antecedente militar, adscripción política o sospecha de colaboración autoriza el asesinato deliberado de quien está indefenso y bajo custodia. En los religiosos beatificados concurre, además, el reconocimiento eclesial del martirio in odium fidei, que responde a criterios propios sobre la causa de su muerte y su testimonio de fe. No todos los asesinados en Paracuellos fueron declarados mártires, pero la muerte de los demás prisioneros conserva íntegra su gravedad moral. [14, n.º 27]
VII. Noventa años después: los nombres, los hechos y las responsabilidades
El itinerario de muchos presos empezó con un nombre leído en la galería y terminó ante una fosa. Entre ambos extremos hubo listas, firmas, vehículos, escoltas, agentes políticos y grupos ejecutores. La continuidad de esas operaciones desde el 7 de noviembre hasta comienzos de diciembre de 1936 permite identificar las matanzas de Paracuellos y Torrejón como ejecuciones colectivas organizadas de personas bajo custodia. [1][4]
Las biografías eclesiásticas restituyen una parte de los nombres: Alfredo Fanjul Acebal, Isabelino Carmona Fernández, Vicente Rodríguez Fernández, Juan Mendibelzúa Ocerín, José Delgado Pérez, Victoriano Reguero Velasco, Gil Belascoaín Ilarragorri, José Vega Riaño y Serviliano Riaño Herrero figuran entre los religiosos asesinados el 7 de noviembre, estos dos últimos en lugares distintos. Manuel de la Sagrada Familia y Manuel Martín Pérez pertenecen a las víctimas de las primeras jornadas, con los intervalos cronológicos que registran sus fuentes. Otros trece oblatos de Pozuelo murieron el 28 de noviembre. Sus identidades permiten reconocer la dimensión religiosa de la represión junto a las restantes víctimas militares y civiles. [6][7][8][9][10][11]
El carácter político de las matanzas tampoco queda reducido a una etiqueta genérica. La documentación y las investigaciones citadas identifican en el aparato represivo a miembros del comunismo, militantes anarcosindicalistas y anarquistas de la CNT-FAI y dirigentes procedentes del socialismo juvenil integrados en las JSU. Las atribuciones de respaldo gubernamental deben formularse conforme a las conclusiones de los historiadores que las sostienen, particularmente Ruiz respecto de Carrillo, Galarza y García Oliver. La controversia sobre una orden individual o una posible inducción soviética no borra ni la organización material ni la identificación política de sus participantes. [1][4][15][19]
Recordar a los religiosos reconocidos como mártires exige recordar también a los demás prisioneros asesinados. Unos fueron perseguidos por su fe o condición eclesiástica; otros, por su trayectoria militar, su filiación política o su supuesta vinculación con los sublevados. Ninguna de esas categorías legitimaba su ejecución. La investigación histórica distingue motivos, acciones y grados de responsabilidad precisamente para no convertir a las víctimas en una masa anónima ni a los autores en una abstracción sin dirigentes ni organizaciones.
Paracuellos fue una sucesión organizada de asesinatos de prisioneros indefensos. Sus ejecutores y los organismos que facilitaron las sacas tenían filiaciones políticas identificables; las investigaciones describen también responsabilidades de autoridades de Orden Público y respaldos desde el Gobierno republicano. La memoria de aquellos días no exige atribuir a todos una intervención idéntica, sino señalar con precisión lo que hizo cada uno y conservar las conclusiones demostradas. Noventa años después, la existencia de los crímenes, la identidad de numerosas víctimas y el carácter político de la organización represiva forman parte de los hechos que deben permanecer en la memoria histórica. [1][4][15][19]
Formato de cita recomendada: Alejandro Villarreal. Paracuellos, 1936: noventa años de las ejecuciones de prisioneros y del asesinato de religiosos. León, Guanajuato, México. Biblia y Tradición, 2026. https://bibliaytradicion.com/2026/11/07/paracuellos-1936-noventa-anos-de-las-ejecuciones-de-prisioneros-y-del-asesinato-de-religiosos/
Notas y fuentes ➕📄
[1] RUIZ, Julius, ‘Paracuellos’: The Elimination of the ‘Fifth Column’ in Republican Madrid During the Spanish Civil War, Eastbourne, Sussex Academic Press, colección Sussex Studies in Spanish History, 2016, 340 pp. ISBN impresos 978-1-84519-787-2 y 978-1-84519-788-9. La cifra de aproximadamente 2.500 prisioneros asesinados y la tesis sobre los ejecutores del CPIP y el respaldo de Carrillo y el Gobierno constan en el resumen académico de la Universidad de Edimburgo. El volumen íntegro no fue cotejado para atribuir páginas concretas.
https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/paracuellos-the-elimination-of-the-fifth-column-in-republican-mad/
[2] EZPELETA, José Manuel de, «Así fueron las primeras sacas: días 7, 8 y 9 de noviembre de 1936», Libertad Digital, 7 de noviembre de 2026. RICHART, Nuria, «Paracuellos: 3.750 víctimas exterminadas por el gobierno republicano del Frente Popular», Libertad Digital, 7 de noviembre de 2026. Se citan para registrar reconstrucciones y recuentos atribuidos a sus autores, no como censo nominal cotejado íntegramente en este trabajo.
https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2026-11-07/jose-manuel-de-ezpeleta-asi-fueron-las-primeras-sacas-dias-7-8-y-9-de-noviembre-de-1936-7488025/
https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2026-11-07/paracuellos-3-750-victimas-exterminadas-por-el-gobierno-republicano-del-frente-popular-7488103/
[3] MARTÍN RUBIO, Ángel David, «La matanza de miles de presos en Paracuellos, uno de los episodios más sangrientos de la persecución religiosa», El Debate, 7 de noviembre de 2026. Refiere cifras alternativas y la persecución religiosa; sus cantidades se presentan como estimaciones atribuidas, no como un nuevo recuento comprobado aquí.
https://www.eldebate.com/historia/20261107/matanza-miles-presos-paracuellos-episodios-sangrientos-persecucion-religiosa_477615.html
[4] PRESTON, Paul, «Les matances de Paracuellos», Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, núm. 5, 2010, pp. 125-167. Traducción del inglés al catalán por Albert Espinal Valverde. Localizadores de la paginación impresa consultada: pp. 132-135, Junta y Orden Público; pp. 145-147, primeras sacas y recuento de extracciones; p. 148, firmas y reproducciones documentales del 26-27 de noviembre; pp. 150-152, Consejo de Orden Público; pp. 155-158, Melchor Rodríguez y comunicación de Irujo; pp. 163-165, participación de Carrillo. Las declaraciones de la Causa General —entre ellas la de Ramón Torrecilla Guijarro, AHN, FC-CAUSA GENERAL, caja 1526-3, exp. 5, pp. 25-28— se conocen aquí por la referencia y transcripción de Preston, no por inspección directa del expediente.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4851817.pdf
[5] REVERTE, Jorge M., «Paracuellos, 7 de noviembre de 1936», El País, 5 de noviembre de 2006. Su atribución de la inducción a agentes soviéticos se identifica como tesis del autor, diferente de la interpretación de Julius Ruiz.
https://elpais.com/diario/2006/11/05/domingo/1162702356_850215.html
[6] ORDEN DE PREDICADORES, «Biografías de los mártires del siglo XX», sección «Beatificación del 28 de octubre de 2007», semblanzas individuales de Alfredo Fanjul Acebal, Isabelino Carmona Fernández, Vicente Rodríguez Fernández, Juan Mendibelzúa Ocerín y José Delgado Pérez. Fuente institucional consultada directamente.
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/martires-siglo-xx/biografias/
[7] CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN, «Father Victoriano Reguero Velasco, C.M.», biografía institucional del religioso asesinado en Paracuellos el 7 de noviembre de 1936.
https://congregatiomissionis.org/en/father-victoriano-reguero-velasco-vincentian-martyr/
[8] ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y OBISPADO DE TUDELA, Boletín Oficial de las Diócesis de Pamplona y Tudela, noviembre de 2017, p. impresa 536, «Beatificación de 4 mártires navarros: tres paúles y una Hija de la Caridad». Registra la grafía Gil Belascoaín Ilarragorri y su martirio en Paracuellos el 7 de noviembre. PDF consultado y página impresa contrastada.
https://www.iglesianavarra.org/wp-content/uploads/2021/12/BOLETIN-OND-2017ok.pdf
[9] MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA, «Breve historia de su martirio», historia institucional de los 22 beatos mártires oblatos de España; página de apertura restringida durante esta revisión. La distinción entre José Vega Riaño (Paracuellos) y Serviliano Riaño Herrero (Soto de Aldovea), ambos el 7 de noviembre, aparece asimismo en relaciones del martirologio reproducidas por repertorios católicos y en MORÓN GARCÍA, María Esperanza, y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, Pozuelo de Alarcón, 1600-2000: de su venta a ciudad metropolitana, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, p. 135. Distinción geográfica concordante; localizador municipal pendiente de nuevo cotejo directo.
https://www.omiworld.org/es/nuestro-carisma/nuestros-santos/causas-oblatas/22-beatos-martires-oblatos-de-espana/breve-historia-de-su-martirio/
https://www.pozuelodealarcon.org/sites/default/files/2023-05/Pozuelo%20de%20Alarc%C3%B3n%2C%201600-2000%20de%20su%20venta%20a%20la%20ciudad%20metropolitana%20p.pdf
[10] ONRUBIA REBUELTA, Javier, «Del monasterio de Santa María del Parral al Yermo Camaldulense de Nuestra Señora de Herrera: José Calvo Botas (1902-1991)», pp. 211-216, p. 212, nota 3, con fecha de 7 de noviembre para Manuel de la Sagrada Familia. RODRÍGUEZ LUNA, David, «Desamortización y monjes jerónimos: extinción y restauración de una orden monástica», en La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. Actas del Simposium, 6-9 de septiembre de 2007, San Lorenzo del Escorial, Ediciones Escurialenses, 2007, pp. 101-118, p. 116, con intervalo 6-8 de noviembre.
https://cvc.cervantes.es/lengua/escritor_misionero/vol_05/20_onrubia.pdf
https://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-desamortizacion-el-expolio-del-patrimonio-artistico-y-cultural-de-la-iglesia-en-espana-actas-del-simposium-69-ix-2007/
[11] DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES, Mártires del siglo XX en la diócesis de Alcalá. Biografías, p. 39, ficha «Manuel Martín Pérez, S.D.B.», con intervalo de martirio entre el 6 y el 8 de noviembre de 1936.
https://obispadoalcala.org/pdfs/biografias-martires-beatificados-por-BXVI.pdf
[12] MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA, Portal de Archivos Españoles (PARES), Centro Documental de la Memoria Histórica, fondo Junta Delegada de Defensa de Madrid, «Actas de reuniones de la Junta de noviembre y diciembre de 1936», signatura PS-MADRID,2383,2; fechas extremas 7 de noviembre-30 de diciembre de 1936. La identificación procede de la descripción archivística: las actas no han sido examinadas folio a folio.
https://pares.cultura.gob.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/6253482
[13] SCHLAYER, Felix, Diplomat im roten Madrid, Berlín, F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1938. Edición española: Matanzas en el Madrid republicano: paseos, checas, Paracuellos. Testimonio del diplomático que descubrió la masacre de Paracuellos, Barcelona, Áltera, 2006. La identificación bibliográfica se apoya en registros catalográficos y en las referencias de Preston; no se han cotejado páginas narrativas completas de estas ediciones.
https://datos.bne.es/edicion/a4293502.html
[14] PÍO XI, carta encíclica Divini Redemptoris, 19 de marzo de 1937, texto español oficial publicado por la Santa Sede: nn. 19-21, persecución religiosa en Rusia, México y España y valoración doctrinal; n.º 27, dignidad y derechos de la persona; n.º 60, formulación literal «El comunismo es intrínsecamente malo». Texto y numerales consultados directamente.
https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
[15] RUIZ, Julius, La guerra sucia: La República contra la quinta columna, Barcelona, Espasa (Editorial Planeta), primera edición, octubre de 2024, 912 pp., ISBN 978-84-670-7471-0; traducción de Albino Santos Mosquera. Capítulo 1, «La quinta columna: pesadillas y realidades (1936)», apartado «Paracuellos» (comienza en p. 63 según el índice editorial). Se ha consultado el extracto textual de dicho capítulo publicado en el lector digital; no la totalidad del libro ni las actas originales de la CNT-FAI del 8 de noviembre que Ruiz cita. El autor atribuye la organización de las matanzas a dirigentes del CPIP, señala la cooperación de anarquistas, comunistas y socialistas y distingue a ministros que procuraron detener las ejecuciones de los que, según su investigación, las ampararon.
https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/183614/book/OPS/1_LA_QUINTA_COLUMNA_PESADILLAS_Y_REALIDADES_1936_0005_0001.html
https://www.planetadelibros.com/libro-la-guerra-sucia/402171
[16] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, ficha biográfica de Santiago Carrillo Solares. Registra su secretaría de las Juventudes Socialistas Unificadas en 1936, su ingreso en el PCE en noviembre de ese año y el desempeño de la Consejería de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid. No señala el día exacto de afiliación.
https://www.congreso.es/es/busqueda-de-diputados?_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=344&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false
[17] FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS, Diccionario Biográfico del Socialismo Español, entradas «Carrillo Solares, Santiago» y «Galarza Gago, Ángel». La primera confirma la evolución de Carrillo desde el socialismo juvenil hasta su ingreso formal en el PCE en noviembre de 1936; la segunda identifica la incorporación de Galarza al PSOE, su adscripción a la izquierda del partido y su cargo ministerial entre septiembre de 1936 y mayo de 1937.
https://fpabloiglesias.es/entrada-db/carrillo-solares-santiago/
https://fpabloiglesias.es/entrada-db/galarza-gago-angel/
[18] DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1936, Europe, volumen II, documento 499: telegrama de Wendelin al secretario de Estado, Madrid, 5 de noviembre de 1936, referencia 852.00/3681. Informa de la composición política del gabinete, identificando a Ángel Galarza entre los ministros socialistas y a Juan García Oliver entre los representantes anarcosindicalistas de la CNT. Documento diplomático contemporáneo, no testimonio directo de las sacas posteriores.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1936v02/d499
[19] SOUTO KUSTRÍN, Sandra, «Santiago Carrillo, dirigente juvenil», Historia del presente, núm. 24 (2014), pp. 7-25, según la paginación impresa del artículo original, en especial p. 8. DOI: 10.5944/HDP.24.2014.40648. Analiza la transición de la dirección socialista juvenil a las JSU y distingue expresamente la autoría anarquista y comunista y la complicidad o el silencio de miembros de la Consejería de Orden Público. La consulta se ha efectuado sobre el texto de la publicación accesible en repositorio y la identificación bibliográfica académica; no se atribuyen a Souto conclusiones de Ruiz que ella no expresa.
https://doi.org/10.5944/hdp.24.2014.40648
https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/608a729fe4bbc72e75309004
https://historiadelpresente.com/wp-content/uploads/2023/08/Sandra-Souto-Kustrin.pdf
